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Jorge Rodríguez se despide de la corporación provincial con el siguiente comunicado de prensa

 

Pronto hará tres años que asumí la Presidencia de la Diputació de València. Entonces, como hoy, lo hacía desde la convicción de que es desde las instituciones desde donde podemos mejorar la vida de la gente, con la seguridad de que el ejercicio de la política tiene que estar siempre íntimamente ligado a la ética.

 

A pesar de llegar a una Diputación plagada de casos de corrupción de los anteriores gestores, nos pusimos a trabajar con un equipo plural. Un equipo que a lo largo de todo este tiempo solo ha tenido un objetivo: poner la institución al servicio de pueblos y ciudades, acabar con la arbitrariedad en las ayudas y aplicar criterios justos y objetivos, que la Diputació dejara de dar vergüenza y volviera a ser portadora de buenas noticias.

 

Modestamente, hasta el miércoles de la semana pasada creo que lo habíamos conseguido. Pero siempre ha existido en nuestra gestión una dificultad añadida, una piedra en el zapato: estoy hablándoles de la antigua Imelsa, hoy Divalterra.

 

Es mucho lo que mi equipo y yo, junto con mis compañeras y compañeros, hemos reflexionado al respecto de la empresa pública de la Diputació. Primero, pensamos en disolverla, pero nos paró la inseguridad y el abandono en el que dejábamos a las más de 600 familias de los que allí trabajan. Optamos por aquello que entendíamos era lo mejor para controlar la gestión de la empresa: nombrar un equipo directivo de 7 personas, que capitaneadas por dos cogerentes y un asesor jurídico, actuarán de ‘cordón sanitario’ para gestionar una empresa donde todavía continuaban la UCO y muchos de los anteriores gestores.

 

Fue por eso por lo que, de los 15 miembros del Consejo de Administración de la empresa, 13 (entre los cuales me incluyo) votamos a favor del nombramiento de un gerente al que dotamos de poderes para contratar a otra cogerente y al asesor jurídico. Con ese mismo ánimo, la firma mancomunada de los cogerentes dotaría a la empresa de una estructura de 7 profesionales que contaran con la confianza del gobierno y de los partidos para poder llevar a cabo la difícil tarea que tenían asignada. Siete personas que, como no podía ser de otra manera, han asistido a su lugar de trabajo y lo han desarrollado con total profesionalidad, hasta hace unos meses, cuando frente a las dudas de carácter administrativo existentes en la contratación, decidimos despedirlos para reestructurar la empresa.

 

Estoy seguro de que a lo largo de estos tres años de trabajo nos hemos podido equivocar, podemos haber cometido alguna irregularidad de carácter administrativo, podemos haber metido la pata, pero de lo que estoy absolutamente seguro es que nadie, ni yo, ni mi equipo ni ningún otro de las compañeras y compañeros de la Diputació, hemos metido la mano. Podemos haber sido torpes o demasiado confiados pero nunca ladrones.

 

Con la misma convicción que hace unos tres años llegaba a esta casa hoy presento la dimisión, convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la misma no puede contribuir al cambio de la percepción en la que tanto hemos trabajado al largo de este tiempo. Presento la dimisión como presidente de la Diputació de València y lo hago desde la lealtad a las instituciones y a la ciudadanía, que siempre ha guiado y continuará guiando mis pasos. Seguro de mi inocencia y de que, para demostrarla, hoy es mejor estar fuera que dentro de la institución. Puede que alguien piense que, como partido, estamos poniendo demasiado alto el nivel de la ética, pero no voy a permitir que nadie utilice este asunto para dañar aquello que tanto amo.

 

Quiero agradecer a todo el personal de la Diputació, a las compañeras y compañeros de gobierno, al PSPV y a todos los que, desde la gente de mi pueblo pasando por militantes y dirigentes del partido, alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales, habéis creído desde el primer momento en mi inocencia. Gracias a todas y todos por vuestro trabajo, la pasión y dedicación y el cariño que me habéis hecho llegar estos últimos días.

 

Me voy con la conciencia tranquila y contento de haber conseguido que el 92% de los alcaldes y alcaldesas tengan hoy el convencimiento de que la nueva Diputació ha repartido las ayudas con criterios objetivos y alejados de clientelismos y activismos políticos. Orgulloso además por dejar esta institución en buenas manos, las de todos los compañeros y compañeras de gobierno que siempre me habéis demostrado vuestra lealtad y buen hacer.

 

Gracias a todas y todos y mucha suerte en el camino.

Jorge Rodríguez tiene intención de seguir en la Alcaldía de Ontinyent

 

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, anunciará este lunes su dimisión en el cargo tras ser detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, pero se mantendrá al frente de la Alcaldía de Ontinyent (Valencia).

 

La decisión de Rodríguez llega después de que durante este fin de semana se hayan mantenido varias reuniones con el president de la Generalitat y del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a las que han asistido también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general del PSPV en Ontinyent, Rebeca Torró.

 

Según las mismas fuentes, en esos encuentros se ha considerado que lo más oportuno es que Rodríguez deje sus cargos en la Diputación para poder centrarse en su defensa y, además, no perjudicar al partido con un asunto que de aquí a las elecciones puede ser utilizado por la oposición.

 

Rodríguez tiene intención de seguir en la Alcaldía de Ontinyent porque el asunto que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia en una causa declarada secreta "no tiene nada que ver" con el Consistorio, dado que hace referencia a unos contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación Divalterra.

 

Las mismas fuentes insisten en que la investigación sobre Rodríguez hace referencia en todo caso a una cuestión "meramente administrativa" y piden que cuanto antes se levante el secreto del sumario para evitar así "juicios paralelos"

28 horas después de la detención del alcalde de la localidad, el ayuntamiento ha querido dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando el normal funcionamiento de los servicios públicos

 

Después de la detención ayer miércoles de Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent por su presunta implicación en el marco de la llamada "operación Alquería", causa, declarada secreta, que se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia e investigada por irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015, el ayuntamiento de Ontinyent, a través de un comunicado de prensa, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El mensaje, en valenciano es el siguiente.

 

COMUNICAT DEL GOVERN D’ONTINYENT

Davant dels fets produïts en la jornada d’aquest dimecres que afecten a l’alcalde de la ciutat Jorge Rodríguez, el Govern d’Ontinyent vol manifestar el seu respecte al procediment judicial i la seua confiança plena en la justícia, i mostra el seu desig de que tots els fets s’esclarisquen el més aviat possible.

 

Igualment, el govern ontinyentí vol llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, garantint als veïns i veïnes el normal funcionament dels serveis públics.

 

Por otro lado, en la Diputación de Valencia, no se ha hecho comunicado alguno y han querido seguir con absoluto silencio.

Por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos

 

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado este miércoles una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, y otras dos personas, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

 

En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado esta mañana registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.

 

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE y las de otros investigados.

 

En el dispositivo, que se ha activado a las 7.30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV, que añade que la investigación sigue abierta.

 

 

La directora del Área de Medio Ambiente, Soledad Torija, acompañada de un coordinador de brigadas, mantuvo una reunión de trabajo con la concejalaClaudia Suárez

 

La empresa pública Imelsa Impulso Económico Local, a través de sus áreas de Medio Ambiente y Brigadas Forestales, ha mantenido una reunión de trabajo con la concejala de Medio Ambiente de Canals, Claudia Suárez, con el objetivo de establecer los cauces de contacto entre ambas instituciones, así como atender las necesidades del ayuntamiento.

 

La gerente de Imelsa, Agustina Brines, ha destacado “el cambio de concepto se está llevando a cabo desde Imelsa, puesto que consideramos que debe ser un organismo que dé respuesta global a las necesidades de los ayuntamientos”.

 

En este sentido, Brines ha indicado que “el trabajo en equipo entre los diferentes departamentos de Imelsa, como es la sinergia entre las actuaciones del área de medio ambiente y el de brigadas forestales, permitirá mejorar nuestro servicio a la ciudadanía, que al final es el objetivo que debemos perseguir como empresa pública”.

 

La directora del área de Medio Ambiente de Imelsa, Soledad Torija, ha indicado que “nuestra voluntad es establecer vías de comunicación con todos los ayuntamientos de la provincia para poder atender sus inquietudes en materia medioambiental, y a partir de ahí tratar de dar soluciones de manera coordinada con el resto de áreas de Imelsa y con la propia Diputación de Valencia”.

 

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente en el ayuntamiento de Canals, Claudia Suárez, ha querido “agradecer la visita de los representantes de Imelsa, a los que he felicitado por el mero hecho de que se haya creado un departamento específico para temas medioambientales, un elemento primordial en nuestra sociedad”.

 

La concejala ha destacado “el asesoramiento recibido sobre todo en materia de competencias, así como la predisposición a ayudar desde el departamento de Brigadas Forestales” y ha invitado a la gerencia de Imelsa a la Semana del Medio Ambiente de Canals, “que comienza el 14 de febrero, y que culmina el día 20 con la celebración de una Feria en nuestro municipio”.

 

Nuevos servicios en materia medioambiental

 

La gerencia de Imelsa ha realizado una profunda reestructuración de la empresa “para mejorar el servicio a los ayuntamientos y promover el desarrollo económico de los pueblos”.

 

Una de las grandes apuestas de Imelsa son las actuaciones relacionadas con el Medio Ambiente, ya sea a través de las brigadas forestales –integradas en el área de Gestión Forestal y del Medio Rural-, Regeneración de Zonas Verdes y la propia área de Medio Ambiente de la empresa pública.

Entre las personas detenidas y presuntamente también vinculadas con el caso Imelsa, se encontraría también exconsejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el exalcalde de Genovés y jefe de gabinete de Rus en la Corporación del PP provincial.

 

Efectivos de la Guardia Civil han detenido al expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva por su presunta implicación en una trama de corrupción en la empresa pública Imelsa. Un operativo fruto de la investigación, durante casi un año, llevada a cabo por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia en colaboración con el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent

 

En el mismo operativo, dirigido por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, ha sido apresado el exalcalde de Genovés y jefe de gabinete de Rus en la Corporación del PP provincial, así como varias personas vinculadas con el caso Imelsa, entre las que se encontraría también exconsejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

 

A primera hora de la mañana los agentes de la Guardia Civil y de la comisión judicial encargada del caso, que han registrado también el campo de fútbol del Olímpic, llegaban al domicilio de Rus en compañía del Fiscal Anticorrupción y de agentes de la UCO que se han desplazado también a la fábrica de muebles del expresidente y a las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, donde los trabajadores permanecen retenidos en una sala mientras se produce el registro.

 

Unos registros podrían deberse a la posible implicación en el caso de la que fuera concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal ‘popular’ Maria José Alcón, investigada por el presunto cobro de comisiones en los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia.

 

Así mismo, los registros en el Olímpic se deben a que Rus presidía el equipo desde el año 2006 y se investiga si durante su mandato en la Diputación la entidad trabajó con empresas de la presunta trama dirigida dese Imelsa.

 

En el momento en el que los agentes se han personado en las inmediaciones de La Murta no había nadie del club lo que ha obligado a algún responsable a desplazarse para abrir las puerta.

 

El caso se remonta al año 2014, tal y como recoge Europa Press, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones,perjudicando a las arcas públicas.

 

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus. A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón.

 

Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia. También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación como en el PP. Fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat.

 

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó.

 

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

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