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El Ayuntamiento de Xàtiva destinará 12.550 euros al pago de las ayudas de renta garantizada de ciudadanía.

Estas ayudas se enmarcan en un proceso de intervención orientado a facilitar la inserción social de personas desfavorecidas, como el Programa de Inclusión del Ayuntamiento (PI). Tal y como ha anunciado la concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo, esta misma semana se procederá a la gestión para el pago de esta renta a 23 familias de la localidad.

 

La renta garantizada de ciudadanía se configura como una prestación económica gestionada por los servicios sociales del Ayuntamiento y que se solicita a la Conselleria de Bienestar Social. Son ayudas de carácter universal, vinculadas al compromiso, por parte de sus destinatarios, de promover su inserción sociolaboral de manera activa. Las ayudas tienen la finalidad de proporcionar un apoyo económico a las familias que no tienen recursos suficientes para mantener el adecuado bienestar personal y familiar, atendiendo a los principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad.

 

Van destinadas a personas entre 25 y 65 años, menores de 25 años si tienen menores o personas con diversidad funcional a cargo y personas entre 18 y 25 años si han sido sujetos del sistema de protección judicial. Además, los beneficiarios deben haber agotado todas las prestaciones a las que puedan tener derecho. La renta garantizada de ciudadanía es incompatible con cualquier pensión o ayuda pública que tenga por finalidad atender a las necesidades de subsistencia del destinatario.

 

En relación con estas coberturas, la concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo, recordó que en abril entrará en vigor la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión. La nueva ley regula la puesta en marcha de una nueva prestación que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, ampliando los requisitos para poder acceder a la ayuda y el tiempo de cobertura. Esta nueva prestación, que también se tramitará en el Ayuntamiento, permitirá que esta ayuda tenga carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, porque el objetivo es convertirla en un instrumento que realmente permita a las personas rehacer su proyecto de vida.

 

El proyecto de ley también prevé la creación de diferentes tipos de renta, así habrá una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de varios aspectos.

 

 

Será el ayuntamiento el que se encargará de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la Conselleria se encargarán de la gestión, logrando así que los equipos municipales puedan centrarse en hacer intervención sobre el terreno .

 

 

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